Funciones delegado del gobierno

Wikipedia

La doctrina de la no-delegación (o principio de no-delegación) es la teoría de que una rama del gobierno no debe autorizar a otra entidad a ejercer el poder o la función que está constitucionalmente autorizada a ejercer ella misma. Está explícito o implícito en todas las constituciones escritas que imponen una estricta separación estructural de poderes. Suele aplicarse en cuestiones de delegaciones de poderes constitucionalmente impropias de cualquiera de los tres poderes del Estado a cualquiera de los otros, al Estado administrativo o a entidades privadas. Aunque suele ser constitucional que los funcionarios del ejecutivo deleguen poderes ejecutivos en sus subordinados, también puede haber delegaciones indebidas de poderes dentro de un poder ejecutivo.

En el Reino Unido, el principio de no delegación se refiere a la presunción prima facie de que los poderes legales otorgados a los organismos públicos por el Parlamento no pueden ser delegados a otras personas u organismos[1].

El federalismo australiano no permite que el Parlamento o el Gobierno federal deleguen sus poderes en los parlamentos o gobiernos estatales o territoriales, ni que los parlamentos o gobiernos territoriales deleguen sus poderes en el Parlamento o el Gobierno federal, pero los parlamentos de los estados delegan sus poderes en el parlamento federal mediante el artículo 51, apartado (xxxvii) de la Ley Constitucional de 1901.

Competencias expresadas

La Comisión examina si las delegaciones de cada proyecto de ley son adecuadas. La Comisión tiene cuidado de limitar su consideración a la delegación en cuestión, y no a los méritos de la política general.

La Comisión también examina los proyectos de Órdenes de Reforma Legislativa (LRO) presentados en virtud de la Ley de Reforma Legislativa y Reguladora de 2006. Una vez más, el Comité no examina los méritos de la política en cuestión. La función del Comité es examinar si se han cumplido las pruebas establecidas en la Ley de 2006 (que incluyen, por ejemplo, el requisito de una consulta exhaustiva) y si la propuesta es adecuada para ser presentada mediante una LRO.

La no delegación del poder legislativo en filipinas

Según las disposiciones constitucionales de separación de poderes, las leyes son promulgadas por el poder legislativo, administradas por el ejecutivo e interpretadas por el poder judicial. ¿Se puede esperar que el poder legislativo ratifique leyes que aborden cada detalle de la política? La respuesta más probable es «no». Por lo tanto, puede ser realista permitir la delegación de algunos poderes legislativos. Sin embargo, suelen surgir dudas sobre qué poderes pueden delegarse, a quién y en qué medida.

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha permitido cierta delegación del poder legislativo. En el caso Wayman v. Southard (1825), el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, distinguió entre «temas importantes» y «meros detalles». Escribió que «se puede hacer una disposición general, y dar el poder a los que deben actuar bajo esa disposición general, para completar los detalles».

En el caso Mistretta v. United States (1989), el Tribunal Supremo de EE.UU. aplicó la prueba del «principio inteligible». El Tribunal consideró que «es constitucionalmente suficiente si el Congreso delinea claramente la política general, el organismo público que debe aplicarla y los límites de esta autoridad delegada».

Poderes reservados

El Tribunal Supremo ha declarado a veces de forma categórica que «el poder legislativo del Congreso no puede ser delegado»,51 y en otras ocasiones ha reconocido de forma más directa, como hizo el presidente del Tribunal Supremo Marshall en 1825, que, aunque el Congreso no puede delegar poderes que «son estricta y exclusivamente legislativos», puede delegar «poderes que [puede] ejercer por sí mismo».52 La declaración categórica nunca ha sido literalmente cierta, ya que el Tribunal ha confirmado la delegación en cuestión en el mismo caso en el que se hizo la declaración.53 El Tribunal ha reconocido desde hace tiempo que la administración de la ley requiere el ejercicio de la discreción,54 y que, «en nuestra sociedad cada vez más compleja, repleta de problemas cada vez más cambiantes y más técnicos, el Congreso simplemente no puede hacer su trabajo si no tiene la capacidad de delegar poder bajo amplias directivas generales».55 La verdadera cuestión es dónde trazar la línea. El Presidente de la Corte Suprema Marshall reconoció «que existe cierta dificultad para discernir los límites exactos» y que «el límite preciso de este poder es un tema de investigación delicado y difícil, en el que un tribunal no entrará innecesariamente».56 En consecuencia, la solución de la Corte ha sido rechazar las impugnaciones a la delegación en todos los casos, salvo los más extremos, y aceptar las delegaciones de vastos poderes al Presidente o a las agencias administrativas.